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Iván Duque podrá seguirse pronunciando sobre investigaciones contra Alvaro Uribe – Cortes – Justicia



El presidente Iván Duque podrá continuar pronunciándose o emitiendo juicios de valor sobre los procesos penales que se llevan en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe.

Así lo confirmó el Consejo de Estado, que revisó una tutela, negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual pedía que se le ordenara al primer mandatario abstenerse de pronunciarse frente a los casos y emitir un comunicado comprometiéndose a no hablar de los procesos contra Uribe y respetar las decisiones que se tomen en los mismos. 

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El proceso comenzó por una tutela interpuesta luego de que el presidente Duque se pronunció sobre la privación de la libertad domiciliaria de Uribe que, en su momento, ordenó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que le seguía al exsenador por presunto soborno a testigo y fraude procesal.

El alto tribunal, que confirmó la decisión de primera instancia, recalcó que aunque el demandante argumentaba que se violaban los derechos al debido proceso y se violentaba el principio de separación de poderes, ese accionante no es la víctima en este caso, ni la separación de poderes es algo que se pueda alegar mediante una tutela.

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El demandante decía que  las declaraciones del Presidente afectaron sus derechos al debido proceso y a la igualdad, así como los de todos los que votaron por Iván Cepeda Castro (víctima acreditada en el caso contra Uribe) y de todas las víctimas de los procesos en que se investiga a Álvaro Uribe. 

Al respecto, el alto tribunal expresó que haber votado por Cepeda no le otorga a la persona la representación de los derechos fundamentales de quien resulte electo, en este caso Cepeda. Además, expresó el Consejo de Estado, la calidad de víctima que alegó el demandante no está probada.

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Y frente al tema de la separación de poderes y la autonomía del poder judicial, el alto tribunal recordó que la tutela está prevista como instrumento excepcional para pedir la protección de derechos fundamentales, cuando tales derechos resulten vulnerados o amenazados, pero que la separación de poderes no es un derecho fundamental “sino un principio constitucional democrático cuya protección no es pasible de manera automática por parte del juez de tutela”.

“El accionante no indica ningún hecho del cual pueda deducirse que es objeto de la vulneración o la amenaza de un derecho fundamental, ni mucho menos suministra prueba alguna de que ello ocurra, para que resulte procedente que el juez de tutela intervenga con el objeto de garantizar su protección”, dijo entonces el alto tribunal que añadió que por no existir una afectación de derechos fundamentales, y porque losinvocados no le pertenecían al accionante, se confirmaba la sentencia de primerainstancia.

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