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Colombia abre el debate para reconocer a militares como víctimas – Investigación – Justicia



Sobre el tapete quedó abierta la discusión, hasta ahora inédita, del hecho de que, en medio del conflicto interno, los militares y sus familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Esa es la principal conclusión del foro ‘Soldado sin tierra’, realizado ayer por Casa Editorial EL TIEMPO, al que asistieron funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, altos mandos militares e integrantes del sistema de verdad, justicia y reparación.

El foro se basó en la presentación del informe ‘Dimensionamiento del desplazamiento forzado en el país a familiares de integrantes del Ejército Nacional de Colombia entre 1985 y 2018’, elaborado por el grupo Jaime Arteaga & Asociados (JA&A).

Según el experto en desplazamiento y restitución de tierras, Ricardo Sabogal, encargado de presentar el documento, este es uno de los hechos que más víctimas ha dejado en Colombia –cerca de 7’800.000 personas afectadas– y puntualizó que se pudo establecer que el año pico para la población civil frente a este fenómeno fue el 2002; mientras que para los integrantes de la Fuerza Pública fue el 2007, y es de “donde sale la idea de pensar que esa fue una estrategia de la guerrilla para bajar la moral de las tropas, además de victimizar a sus familias”.

Sabogal señaló que el estudio se basa en cifras de 1985 a 2018, con casos reportados antes, durante y después de la prestación del servicio militar o haber estado vinculado a la institución.

De acuerdo con el documento, “casi la totalidad de las víctimas son soldados (98 por ciento) y la victimización ocurrió en su mayoría antes de prestar el servicio (73 por ciento)”.

Los expertos analizaron el tema bajo tres conceptos: la verdad, planteada en los testimonios documentados de los soldados que prestaron su servicio militar; desde el marco jurídico, la ley de Víctimas, y la compensación a la que aspiran tener derecho.

Lo que queremos es entregar este informe de despojo de tierras a la Comisión de la Verdad,(…) y así recordarles que debajo de este uniforme hay un ser humano

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez, afirmó que este era un documento histórico porque por primera vez se daba a conocer que 218.060 personas durante su paso por la institución castrense fueron víctimas en conjunto con su núcleo familiar de desplazamiento y despojo de tierras.

“Lo que queremos es entregar este informe de despojo de tierras a la Comisión de la Verdad, a la opinión pública, y así recordarles que debajo de este uniforme hay un ser humano, una persona con una familia que también ha sido víctima”, aseguró el general Martínez, al confirmar que parte del documento se redactó con información suministrada por el Ejército, lo que permitió evidenciar que quienes han prestado el servicio militar (en su mayoría proveniente del sector rural) sufrieron los rigores del desarraigo o despojo antes de ingresar a la institución.

El comandante del Ejército afirmó que la otrora guerrilla de las Farc, “entre todas las atrocidades que hicieron, se encargaron de debilitar la capacidad de los uniformados a través de sus familias, desplazándolas y quitándoles sus tierras”.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que este informe será incorporado al trabajo de la entidad que dirige para ser analizado a fondo, y a la vez, “contrarrestarlo con otros documentos para buscar una comprensión general de la problemática de las víctimas en el conflicto, pero en un capítulo especial, encaminadas a los integrantes de la Fuerza Pública”.

De Roux señaló que la importancia del informe radica en que por primera vez se pone en evidencia “la victimización de los soldados y sus familias, ya que más del 95 por ciento, de acuerdo con el estudio, corresponde a uniformados que vivían en territorios de guerra y fueron declarados objetivos militares por sus adversarios”.

El jesuita aseguró que esa es la parte que le hace falta a Colombia, entender y aceptar “que los militares también fueron víctimas, y que deben ser reconocidos y reparados como tal. Ellos fueron secuestrados, muchos murieron en cautiverio y sus cuerpos jamás fueron entregados, fueron torturados, desplazados, entre otros males”.

Esta población, la de los uniformados, hay que caracterizarla. Y priorizarla dentro del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

Paula Gaviria, quien fue directora para la Unidad de Víctimas y hoy es la directora de la fundación Compaz, reconoció que una de las falencias que se han tenido frente al reconocimiento de los militares como víctimas del conflicto es el mismo régimen que los cubre como servidores públicos.

De allí la importancia de darles el estatus de víctimas, dijo Gaviria, porque se pueden amparar en la Ley 1448 de 2011 y acceder a algunos beneficios; el más importante, ser reparados.

“Esta población, la de los uniformados, hay que caracterizarla. Y priorizarla dentro del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconociéndola como víctimas del conflicto, no solo desde el despojo de tierras o el desplazamiento, sino desde todos los hechos y actividades que los vulneraron junto con sus familias”, dijo Gaviria.

Modelos de compensación

Andrés Augusto Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que solo desde 2016 se empezaron a hacer los primeros cruces de las bases de datos para reconocer a los militares como víctimas de despojo de tierras, por lo que reconoció que falta mucho por hacer.

A la fecha, solo 700 casos de integrantes de la Fuerza Pública han sido documentados como víctimas de despojo de tierras.“Lo primero es darles una línea de atención priorizada, ya que tienen un arraigo campesino muy fuerte, por lo que recuperar la tierra es su necesidad. Paralelo a ello, facilitarles la adopción de un proyecto productivo que les garantice a corto plazo una subsistencia económica”, señaló Castro.

El funcionario dijo que en estos casos se puede poner en marcha el modelo de compensación, que es una opción que da la ley de víctimas y restitución de tierras, direccionada a personas que por condiciones de seguridad no pueden volver a determinado territorio –o no quieren volver–, además que por el paso del tiempo hay factores que impiden que se les restituya el predio que estaba a su nombre. “Nosotros como sus apoderados podemos solicitar compensaciones, en un predio equivalente o en dinero. Pero eso lo resuelve un juez, quien le ordena a la Unidad que le ubique un predio y le asigne un proyecto productivo”, explicó.

Y para el jefe del departamento jurídico del Ejército Nacional, general Javier Alberto Ayala, esta es una oportunidad “única de conocer la verdad”.

“Nosotros no somos una institución negativista, reconocemos los errores cometidos en medio del conflicto, pero también buscamos que se reconozca que los uniformados fueron víctimas y que tienen derecho a una verdad y una reparación que les ayuden a superar las heridas”. El general afirmó que la institución castrense adelanta una serie de trabajos e investigaciones para evidenciar que ellos y sus familias sufrieron los vejámenes de la guerra.

ALICIA LILIANA MÉNDEZJUSTICIAEn Twitter:@JusticiaET

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